PADREs y otros parientes oficiales
Ha llegado mayo, la primavera, la alergia y la hora de que los españoles ejerzamos el derecho y la obligación de pagar los impuestos directos que nos corresponden. Hasta aquí todo bien (o mal si sufres de alergia al polen). Los problemas con la declaración de impuestos comienzan cuando uno intenta hacerlo por métodos informáticos. Bueno, realmente tienes problemas si eres usuario GNU/Linux, si eres usuario del reconocido monopolio americano tienes muchos menos problemas (únicamente los propios de usar un sistema operativo que no es libre).
Para los usuarios de Microsoft Windows, la Agencia Tributaria (AEAT) ha desarrollado un programa, probablemente el software español más extendido, que se llama PADRE y que sirve para completar la declaración del impuesto de la Renta de las Personas Físicas (o IRPF). Pero ¿qué ocurre si no eres usuario de dicho sistema operativo? Pues resumidamente: nada. No dispones de ningún programa, y ni siquiera hay visos de que vayas a poder tenerlo. ¿Cómo es posible que exista un monopolio de este tipo y que nadie proteste?
Sobre monopolios informáticos
¿Qué opinarían los fabricantes de bolígrafos si sólo se pudieran rellenar los impresos de hacienda con una marca determinada de bolígrafo? (especialmente los de las marcas no elegidas). ¿Qué dirían los nacionalistas, de cualquier nación, si encima el bolígrafo fuese americano...? Y qué no dirían los banqueros si ese bolígrafo además no pudiera abrirse y no fuese la primera vez que un bolígrafo hace cosas raras ¡manejando sus cuentas!
Sin embargo, como se trata de una herramienta informática pues todo el mundo se sorprende cuando les explicas que en tu ordenador no lo puedes usar: ``ya está el raro ese del Linux''. Pero es todavía peor cuando explicas que lo que te gustaría es que te den el código fuente para intentar portarlo, o que alguien más habilidoso lo haga, o para hacerlo entre todos... Entonces es cuando te miran con cara de ``ya está el listo que no quiere pagar impuestos'', ``éste fijo que es un cracker que se va a librar y además va a cotillear mi declaración''.
Simplemente no se entiende, ni el problema: que la administración use software propietario; ni la propuesta de solución: que use software libre.
El año pasado desde BarraPunto, y desde otras organizaciones alrededor del software libre, se animó a los usuarios a enviar un mensaje de correo electrónico a la AEAT pidiendo una versión para GNU/Linux de dicho programa. La respuesta estándar se recibía al cabo de un par de días, indicando que se había decidido realizar versiones del programa únicamente para el sistema operativo más usado. Lo que me resulta curioso, porque hace algunos años tenían al menos dos versiones, una para PC compatibles y otra para los Apple. ¿Será que Apple ha perdido fuerza o que Microsoft la ha ganado? ¿Será que detrás de GNU/Linux no hay ninguna empresa con fuerza suficiente para reclamar el mismo trato que Apple en su día? ¿O será que los usuarios no hacemos la suficiente fuerza?
En la campaña proponíamos también responder a ese mensaje con la petición de la publicación del código, que no debería ser problema, ya que especifican que es software de libre disposición. Sin embargo, a ese segundo mensaje se obtenía el silencio como única respuesta. ¿Cuál puede ser el problema de la administración para liberar ese programa?
El mismo tipo de respuesta, básicamente que de otra cosa que no fuese Microsoft Windows no sabían nada, se obtenían para las consultas sobre cómo presentar la declaración por vía telemática. Es más, el año pasado una amable telefonista estaba empeñada en que me instalara el Microsoft Explorer en mi máquina en vez del Netscape ``que a otra gente también le ha dado muchos problemas con los certificados''. La buena mujer no lo podía entender: ``No puede ser que no se lo pueda instalar si tiene tanto espacio en el disco duro como dice''. Obviamente ni se le pasaba por la cabeza que alguien pudiera tener otra cosa que Microsoft Windows, y aunque se lo explicases tampoco lo entendía. La administración pública te recomienda un producto comercial y además te da soporte sólo para ése en concreto.
Este año la iniciativa en favor de la liberación del PADRE ha partido desde HispaLinux, esperemos que siendo cada vez más los usuarios de GNU/Linux y de software libre en general consigamos algún día la liberación de nuestro PADRE.
Por cierto, en 1996 el programa necesitaba un mínimo de 640Kb de memoria y 2MB de disco (todavía conservo el disquete). La versión de este año necesita un mínimo de 32MB, aunque recomienda 64MB, de memoria y 12MB de espacio en el disco duro, y eso que se supone que la declaración se ha simplificado bastante, o al menos eso se afirma desde la propia AEAT. ¿Será por eso que no nos quieren enseñar el código fuente? Igual tenemos algún simulador de vuelo en nuestro programa... No es broma, no sería el primer programa comercial que incluye software no deseado en la distribución, lo que nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Qué hay en el ejecutable del PADRE?
No es sólo un problema de preferencia de sistema operativo, ni siquiera de moralidad sobre el destino de los dineros públicos. Se puede observar el problema desde otros ángulos. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. ¿Qué hay realmente en ese programa en el que introducimos datos tan sensibles como nuestros ingresos y nuestros gastos?
Algunas sociedades, por ejemplo las anglosajonas, están muy sensibilizadas con los problemas de la intromisión del estado en sus vidas privadas en general, por la información que el gobierno tiene de los ciudadanos, etc. Eso hace, por ejemplo, que sean muy reacias a tener instrumentos como un documento nacional de identidad.
En España tenemos una preocupación mucho menor por estos problemas. Pero deberíamos empezar a planteárnoslo: descargamos un binario de la AEAT (a través del servicio de una multinacional americana que se llama Akamai), rellenamos nuestros datos, desde el número de hijos al nivel de minusvalía pasando por todos nuestros datos económicos. Nos volvemos a conectar a la AEAT y enviamos esos datos. La AEAT nos asegura que esos datos van cifrados y que sólo se envían a ellos. ¿Alguien puede asegurar que ese programa sólo envía la declaración? ¿qué no envía las simulaciones que has hecho para ver cómo conviene más hacerlo?. Pero no hace falta pensar únicamente qué hará con los datos introducidos en el programa. ¿Alguien puede asegurar, por ejemplo, que no envía una descripción de los programas instalados en el ordenador a algún sitio? ¿O que no lo hará dentro de unos meses?
Por supuesto, no estoy insinuando que el programa PADRE lo haga, al contrario, creo que no lo hace. Sin embargo no puedo estar realmente seguro de lo que hace porque no puedo mirar el código fuente, ni puedo pedirle a un amigo con más experiencia en estas cosas que lo haga. ¿Por qué no disponemos del código fuente de ese programa? La normativa legal con la que está confeccionado es pública (la legislación tributaria), los cálculos que tiene que realizar son bastante sencillos (sumas y porcentajes básicamente). No parece un secreto que ponga en peligro la seguridad nacional.
El problema se extiende
Por desgracia, no es el único ámbito de la administración pública donde está generalizado el uso de los productos y formatos propietarios. Por ejemplo, muchas universidades lo imponen como estándar, y exigen a sus trabajadores que toda la burocracia interna, desde los programas de asignaturas a las notas, se realicen en formatos propietarios.
Usando el mismo ejemplo anterior ¿Se atreverán las universidades a exigir a los alumnos que realicen los exámenes con una determinada marca de bolígrafo? ¿O a que entreguen la documentación de su matrícula en un determinado formato electrónico propietario? En el campo de la enseñanza han existido grandes polémicas con casos mucho más pequeños. Recuerdo las campañas para que los colegios privados no pudiesen vender los libros que ellos mismos recomendaban. ¿Cómo se puede aceptar que en las universidades se fuerce a utilizar un determinado software?
Otro caso, el recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un alarde de modernidad ha creado su propio ``PADRE'' para formalizar la petición de ayudas a la investigación. Así, en la última convocatoria de proyectos PROFIT es obligatorio entregar la documentación en un programa para Microsoft Windows. No es un formulario, ni un formato como ocurría hasta ahora; es un ejecutable para una plataforma determinada, por supuesto no libre1.
Desde luego no hay justificación técnica para hacer esto. Tampoco creo que exista maldad detrás de estas decisiones. De nuevo no existe conciencia del problema. ¿No sería mucho más fácil un simple formulario HTML para la mayor parte de las interacciones con la administración?
¿No deberían los organismos públicos fomentar el uso de software libre? Es más, ¿no deberían estar ellos mismos obligados a que todo el software desarrollado con dinero público sea público? ¿Cómo puede ser que un ministerio pague a una empresa por un desarrollo y sea la empresa la que se quede con el código? O peor todavía, ¿cómo puede el estado tener el código y no compartirlo con los ciudadanos que lo han pagado?
El gobierno americano tiene, al menos en algunas áreas, esa norma que, por otra parte, genera empresas y tecnología. Un ejemplo bien conocido es la empresa ACT que comercializa el compilador de Ada (GNAT) más usado, y que nació como resultado de un contrato con las Fuerzas Aéreas estadounidenses para desarrollar ese compilador. El software, al haber sido pagado con dinero público tenía que ser libre, sin embargo ACT se creó para explotar ese producto libre. Así, las empresas, entre ellas la española CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.), o la misma Agencia Espacial Europea (ESA), pagan por el soporte, por la resolución de problemas, o por mejoras a medida.
Tengo entendido que esta política de que el software desarrollado con dinero público debe ser de dominio público o libre, no es exclusiva de la aviación militar americana. Al parecer es bastante general en la administración americana. En Europa, sin embargo, es al contrario. Las empresas que participan en proyectos con financiación europea (los ESPRIT e IST) se reservan no sólo los derechos de explotación del software desarrollado, sino el código mismo. Es decir, con dinero público estamos financiando desarrollos privados. ¿Cómo es esto posible? Fundamentalmente porque dejamos que suceda.
¿Qué se puede hacer?
Pues básicamente lo mismo de siempre, hacer oír nuestra voz. En este caso enviando mensajes educados solicitando versiones libres del programa PADRE a la Agencia tributaria: mailto:padres2@aeat.net y protestando cada vez que en una administración pública nos obliguen a entregar documentación en un formato propietario. Y sobre todo explicar el problema, explicar que las cosas no tienen necesariamente que ser así, que no son así en casi ningún otro entorno y que además no es bueno que lo sean.